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La patronal Unesa calcula que en 2008 la tarifa debería subir en torno al 30% para evitar un déficit que podría situarse entre 4.000 y 5.000 millones. Este aumento, que según las eléctricas está en línea con el aconsejado por los técnicos de la CNE, se solicitará en los próximos días a Industria, que difícilmente cambiará su objetivo político de ligar la subida al IPC en pleno proceso electoral.

La patronal eléctrica está ultimando los cálculos de cuál debería ser la subida de la tarifa eléctrica que cubra de forma adecuada los costes y evite la generación de un déficit tarifario que, si Industria insiste en su idea de referenciarla sólo al IPC, se podría situar entre 4.000 y 5.000 millones de euros en 2008, según cifras del sector.

A falta del dato definitivo, que Unesa podría hacer público en breve, y según se desprende de la reunión mensual de directores que se celebró el martes, la patronal viene a coincidir en líneas generales con la reciente propuesta de los técnicos de la Comisión de la Energía. Esto es, que la subida de enero (que se solicitará al ministerio de manera retórica y sin muchas esperanzas, dadas las Elecciones), debería situarse en torno al 30%. Este incremento se deriva de una previsión de los costes de la energía para 2008 de entre 55 y 57 euros/MW y de un aumento de la demanda del 4%.

Otras fuentes creen que Unesa quiere aprovechar ‘de forma interesada’ el informe de los técnicos de la CNE que, ‘en justicia, no implica tal subida en términos homogéneos’, sino ‘el pago al contado del déficit’. En este sentido, recuerdan, hay que distinguir entre la tarifa nominal (que figura en el BOE) y la real, que incluye el pago del déficit que, en cualquier caso, también se paga.

Sea como fuere, el ejercicio de 2008 se avecina altamente complicado, pues se inicia la fase previa a la aplicación definitiva del Protocolo de Kioto (en 2012). Con menores derechos de emisión gratuitos y un mercado del CO2 en el que la tonelada cotiza para 2008 a 24 euros, el déficit está servido. Con el agravante de que, si alguien no lo remedia, las empresas no estarán obligadas a devolver los derechos gratuitos de CO2 que trasladan como un coste a los precios del mercado Y es que el real decreto de marzo de 2006 que exigía su devolución (1.200 millones ese año) pierde vigencia el 31 de diciembre. Ello supondrá otros 2.000 millones el próximo año.

Con una tarifa seriamente hipotecada (los clientes pagarán en 2008 mil millones del plazo anual correspondiente a los déficit acumulados) y una congelación en ciernes, la solución para el regulador es soltar lastre. En este punto, hay quien plantea, incluso, que los incentivos de política industrial que recoge la tarifa (como los 2.500 millones de primas a las renovables o el impuesto de la electricidad, que subvenciona el carbón) salgan de la misma.

Fuente: Cinco Días