Los butaneros presionan al Gobierno con una huelga indefinida en el reparto de gas a seis millones de hogares si no aumenta su tarifa

Los repartidores de butano se encuentran al borde de una huelga histórica. Las agencias de distribución de gas envasado celebran este martes una asamblea extraordinaria en la que decidirán si suspenden sine die la entrega a domicilio de bombonas que abastecen a más de seis millones de hogares en España, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes cercanas. Lo que subyace bajo este cónclave es una batalla que los butaneros mantienen desde hace años con el Gobierno y las grandes petroleras por reformar las reglas del juego de un servicio que siguen cubriendo a pérdidas, a causa de unas tarifas estatales obsoletas y un reparto de costes ajeno a la realidad.

La reunión, que tendrá lugar a última hora de la mañana de este martes vía online, reunirá a la cúpula de FEDGLP, asociación que representa a más de un centenar de pequeñas empresas de reparto que trabajan en exclusiva para Repsol. Para entender su peso relativo, aglutinan más del 85% de todas las ventas de gas envasado del país. Aunque su asamblea anual está agendada para febrero, la asociación ha decidido convocar un encuentro urgente para definir los próximos pasos, desde paros hasta movilizaciones, para forzar al Ministerio para la Transición Ecológica a sentarse a negociar.

El objetivo de la asociación es conseguir una mejora de las tarifas superior a la recogida en el proyecto de orden ministerial que el departamento que dirige Sara Aagesen sacó a consulta pública a finales del año pasado. El trámite de aprobación del nuevo marco está a punto de concluir, pues estaba pendiente del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, previsiblemente, se conocerá esta misma semana.

En 2018, la propia CNMC ya emitió un informe en el que ratificaba que, para una agencia tipo, los ingresos no eran suficientes para cubrir los costes. En este punto cabe hacer un receso para explicar cómo funciona el mercado de butano en España. Transición Ecológica es la cartera responsable de marcar el precio máximo de venta de la bombona a través de una metodología de cálculo fijada por orden ministerial. Ese precio máximo debe incorporar el coste del reparto a domicilio.

La distribución de los ingresos por bombona a lo largo de toda la cadena logística también está fijada por ley. Históricamente, ha reservado a la entrega puerta por puerta algo menos de la mitad de unos costes de comercialización que ya son menos del 40% del precio total de la botella. Es decir, con los números actuales, a 16,61 euros la botella, esa Última Milla del butano está recibiendo alrededor de tres euros por cada unidad entregada.

El porcentaje no ha cambiado en los últimos diez años, pese a que llegar a los domicilios resulta cada vez menos rentable, no solo por el aumento general de costes, también porque a las agencias se les complica año a año lograr las economías de escala de antes, pues son menos y están más dispersas las casas y locales que emplean butano.

Los ingresos de las agencias proceden de las llamadas comisiones, pagos que les ingresan gigantes como Repsol o Disa por llevar su producto hasta la puerta de los clientes, siempre de acuerdo con la porción que les reserva el citado reparto de costes (algo menos de la mitad del coste total de comercialización). Dado que las petroleras exigen por contrato exclusividad a las agencias con las que trabajan, estas empresas tienen un ínfimo poder para negociar con ellas cualquier desviación de ese reparto 50/50. Los clamores aguas abajo son respondidos por los grandes operadores argumentando que solo cumplen la división de ingresos que marca la ley.

El gran problema es que la metodología de revisión de precios actualmente vigente data de 2015, por lo que hace tiempo que no refleja las necesidades del sector. El negocio del butano ha vivido importantes cambios, sobre todo, por el impacto de la guerra en Ucrania, que desató una crisis inflacionaria y disparó sus costes. Todo ello, ha abocado a las agencias de reparto a arrastrar años en situación «precaria y deficitaria», una realidad que ya califican de «insostenible». El ministerio energético no es ajeno a esta realidad.

Así lo reflejó la memoria de la orden que el departamento que dirige Aagesen está tramitando: «No modificar la metodología de cálculo, dados los cambios en el sector, supondría que los operadores al por mayor de GLP envasado y las agencias de distribución que realizan en último término el reparto capilar puedan incurrir en pérdidas debido a la insuficiencia del precio regulado, lo que (…) en última instancia podría conducir al cierre de las empresas y a la imposibilidad física para distribuir este combustible». La cuestión es que la subida propuesta por la cartera dista mucho de lo que pide el sector.

Lo cierto es que la mejora incluida en el citado borrador -de 72 céntimos de euro por bombona, un 4,5% por encima del nivel actual- supera la sugerida en su día por la CNMC -del 1,89%-. Si bien, la mejora sigue muy alejada de la estimación de FEDGLP, que pidió un aumento de 1,8 euros por bombona, sobre todo, si se tiene en cuenta que a sus asociados solo les corresponderá la mitad de esos 72 céntimos de alza, en virtud del reparto de costes antes explicado, un sistema que ni la CNMC ni el Ministerio se han lanzado todavía a modificar.

Desde Transición Ecológica defienden que la tramitación de la orden está en curso: «Como siempre, actuaremos para conjugar los intereses de los consumidores, en este caso del butano, con las necesidades del sector que desarrolla una actividad regulada». La puntualización de la cartera no es baladí pues, al final, cualquier subida en la bombona la asume el consumidor.

«La suspensión indefinida está sobre la mesa», zanjan desde FEDGLP y aseguran que el resto de agencias -las que reparten las bombonas de Disa y la chilena Abastible, que en 2024 compró la filial de butano de Cepsa- secundarían la huelga. La situación no tiene precedentes en España, donde hasta ahora los butaneros solo habían decretado paros puntuales en la recta final de 2024 y en 2011, cuando realizaron un frenazo simbólico de un día.